Doña Urraca (1857), óleo sobre lienzo historicista de Carlos Múgica y Pérez (1821-1892), Museo del Prado, Madrid (fuente: Wikimedia Commons) y dinero de Urraca I entronizada (cortesía de Manuel Mozo Monroy).
Las fuentes apenas se detienen en la muerte de Urraca, como si quisieran pasar página con premura para situar en el trono a su hijo legítimo, Alfonso VII, llamado el Emperador. Sin embargo, el relato escueto de una crónica contemporánea –el Chronicon Compostellanum– nos informa de que Urraca, hija legítima del rey Alfonso VI, a quien había sucedido en el reino de Hispania por carecer este de descendencia masculina, murió al dar a luz a un hijo nacido fuera del matrimonio.
La misma crónica que reconoce la legitimidad de su acceso al trono conforme a la norma consuetudinaria que permitía a las hijas de los reyes –las infantas– heredar el reino en ausencia de varones la juzga, sin embargo, con dureza: afirma que reinó de manera «tiránica y mujeril» durante 17 años y que concluyó su «infeliz» vida en el parto de un hijo adulterino. Desaparecida la reina, ese juicio abrió la puerta a una larga tradición de connotaciones negativas y censuras morales que, sobre todo a partir del siglo XIII, se proyectaron sobre su memoria –adúltera, débil, incapaz, ladrona, mala madre…– y que han dejado huella casi hasta nuestros días. Tales valoraciones no solo condicionaron su imagen y su legado, sino que contribuyeron decisivamente a relegarla en el relato histórico. Durante mucho tiempo fue presentada como una figura prácticamente desprovista de agencia política, reducida a mero eslabón dinástico entre dos grandes monarcas –Alfonso VI y Alfonso VII–, lo que la hacía poco atractiva para los discursos históricos tradicionales y, quizás por ello, escasamente difundida entre el gran público.
Sabemos poco sobre las circunstancias exactas de la muerte de Urraca. No obstante, algunos indicios dispersos en las distintas fuentes permiten reconstruir, con la cautela necesaria, sus últimos meses y el complejo escenario político que siguió a su desaparición.
La documentación de la reina conservada para 1125 –año previo a su fallecimiento– es escasa, aunque la muestra gobernando el reino de Hispania junto con su hijo. Todo indica, sin embargo, que desde el verano la reina limitó sus desplazamientos, probablemente a causa de su nuevo estado de gestación. Ciertamente, a sus 44 o 45 años –una edad avanzada para la época– lo más prudente era permanecer en León o Tierra de Campos, donde podía garantizar mayor estabilidad y los cuidados necesarios ante un embarazo y un parto que, en tales circunstancias, entrañaba riesgos evidentes.
La decisión no era menor. Urraca había hecho de la itinerancia una forma de gobierno, asegurando su presencia física mediante constantes desplazamientos por los diversos territorios del reino. No se trataba de una singularidad, sino de un práctica inherente al ejercicio efectivo del poder en la Edad Media: la autoridad regia se afirmaba viajando. Desplazarse significaba impartir justicia, supervisar a los poderes locales, negociar con la aristocracia y reafirmar la soberanía. Pero, además de su dimensión práctica, la presencia de la reina sobre el territorio poseía un valor simbólico decisivo: hacía visible el poder regio, reforzaba la eficacia de sus decisiones, favorecía su reconocimiento personal, consolidaba vínculos de fidelidad y contribuía a articular una geografía política fragmentada y sometida a fuertes tensiones.
Durante su reinado –marcado por conflictos internos, por la guerra sostenida contra su esposo, Alfonso I de Aragón y Pamplona, el Batallador, y por la necesidad constante de revalidar su legitimidad ante actores poderosos– esa dimensión performativa del poder resultó esencial. Allí donde su autoridad era cuestionada, su presencia y su capacidad de negociación actuaban como instrumentos de control y de representación. Por ello adquiere especial significado que, en los últimos meses de 1125, no interviniera directamente en la campaña militar desarrollada al sur de Galicia. La expedición estaba siendo dirigida por el arzobispo de Santiago Diego Gelmírez, entonces aliado de la reina, y tenía como objetivo neutralizar a Fernando Yáñez, señor de Puente Sampayo y firme partidario de la infanta Teresa de Portugal, quien había logrado fortalecerse en el sur gallego gracias a alianzas con sectores de la aristocracia local, configurando un foco de poder que amenazaba la autoridad regia.
La ausencia de Urraca en esta operación, en un territorio particularmente sensible para el equilibrio político del reino y al que en numerosas ocasiones había acudido personalmente para negociar y sofocar resistencias, evidencia hasta qué punto su estado condicionó el ejercicio práctico de un poder que, hasta entonces, había sido inseparable de su movilidad. Con todo, no puede afirmarse que quedara al margen de la dirección política. Desde el corazón del reino continuaba marcando las pautas estratégicas y manteniendo el control de la situación. En Galicia, la alianza con Gelmírez garantizaba la contención de las pretensiones de Teresa; en Castilla seguía contando con el respaldo de su concubino y padre del hijo que esperaba, el conde Pedro González de Lara, cabeza de un poderoso grupo familiar y clientelar. Además, la tregua acordada en 1117 con el Batallador –renovada periódicamente– permanecía vigente, lo que permitió a ambos monarcas concentrarse en los problemas internos de sus respectivos reinos. De hecho, el rey aragonés supo de la muerte de Urraca mientras se hallaba en campaña por al-Ándalus.
Restos del castillo de los condes de Saldaña, Palencia, donde falleció la reina Urraca.
El 12 de septiembre de 1125, Pedro González de Lara otorgó una donación al monasterio de Santo Domingo de Silos por consejo y mandato de la reina. Urraca no estuvo presente; el conde actuó como su representante, confirmando así esa retirada parcial de la escena pública sin que ello implicara una pérdida efectiva del control político.
Seis meses más tarde, probablemente coincidiendo con el término del embarazo de la reina, una embajada enviada por Gelmírez llegó a la corte –quizá para informar sobre el desarrollo de la campaña gallega– y encontró a Urraca ya gravemente enferma. Las fuentes no precisan la naturaleza de la dolencia ni aluden al desenlace de un parto complicado; se limitan a consignar su muerte. Gelmírez recibió la noticia cuando aún se encontraba en el sur de Galicia y, a su regreso a Compostela, una delegación enviada por Alfonso Raimúndez, el hijo y sucesor de la reina, le instó a trasladarse de inmediato a León para proceder a su coronación.
El heredero había conocido la noticia en Sahagún y, según la Chronica Adefonsi Imperatoris, se dirigió con diligencia a León para tomar posesión del reino. Esta crónica menciona la muerte de la reina, pero también guarda silencio sobre su causa, cuestión que carecía de interés político para el relato que se pretendía construir. Se esmera, en cambio, en presentar al nuevo rey en el trono casi de inmediato –«al día siguiente», afirma–, con el propósito evidente de reforzar la continuidad y la legitimidad dinástica de Alfonso VII.
Una sucesión envenenada
Sin embargo, la sucesión distó de ser tan sencilla y pacífica como esa imagen sugiere. Paradójicamente, el acceso al trono de Alfonso VII resultó más conflictivo que el de su madre. Aunque era el heredero varón de la estirpe regia y, por tanto, encarnaba el modelo sucesorio considerado legítimo y estable, hubo de afrontar complejas negociaciones con la aristocracia e incluso episodios de abierta rebelión en un contexto de recomposición del poder tras el cambio dinástico. De hecho, nada más llegar a León, el tenente de las torres que defendían la ciudad se negó a entregárselas, gesto que equivale a una sublevación explícita.
El nuevo monarca tuvo asimismo que entenderse con su tía Teresa de Portugal y, poco después, con su primo Alfonso Enríquez, quien en 1128 asumió el control del condado tras derrotar a su madre y expulsarla de Portugal. La guerra con Alfonso I de Aragón en Castilla seguía latente; y el poderoso Pedro González de Lara, cabeza de una amplia red clientelar en Castilla, estaba dispuesto a defender los derechos regios de su hijo Fernando Pérez, nacido de su relación con la reina. Con la muerte de Urraca, el conde consideró posible hacer valer la posición de su hijo, si no como rey de León y Castilla, al menos como alternativa en el espacio castellano donde se asentaba su poder.
Mapa de la península ibérica a la muerte de Urraca I de León y Castilla. Del libro Urraca. Una reina en el trono de un rey. Pincha en la imagen para ampliar. © Desperta Ferro Ediciones
Aunque la crónica omite determinados detalles –con la evidente intención de no empañar la legitimidad del acceso al trono de Alfonso VII–, el hecho mismo de que consignara la rebelión del grupo aristocrático de los Lara revela la entidad política que esta alcanzó. Entre líneas puede advertirse, además, su conexión con otros focos de contestación en León, lo que sugiere que no se trató de un episodio aislado, sino de un movimiento de mayor alcance. La amplitud de los apoyos que concitó indica que ciertos sectores de la aristocracia pudieron contemplar en los Lara una alternativa sucesoria frente a la opción encarnada por el nuevo monarca.
En ese contexto de tensiones y reajustes de poder, el cuerpo de Urraca I fue trasladado a León para recibir sepultura en la basílica de San Isidoro, en el panteón real: un espacio que ella misma había elegido para su descanso eterno y cuya reconstrucción y monumentalización había impulsado durante su reinado. La elección no fue casual. San Isidoro era uno de sus lugares habituales de residencia –especialmente en los meses de invierno, junto con Astorga y Tierra de Campos– y constituía un enclave cargado de memoria personal y dinástica, vinculado a su infancia, a su condición de señora del infantazgo y a la afirmación de la continuidad de su linaje.
Con la muerte de Urraca se cerraba un reinado excepcional en su época: el de una mujer que no fue reina por matrimonio ni por regencia, sino por derecho propio. Gobernó en un tiempo adverso, en medio de guerras, pactos, rebeliones y traiciones. Durante 17 años defendió su posición legítima, ejerció la soberanía y sostuvo el reino heredado de su padre frente a enemigos internos y externos. Pactó, combatió, negoció alianzas y adoptó decisiones políticas y militares como cualquier monarca de su tiempo; pero, además, no dejó de desempeñar aquellas funciones tradicionalmente asociadas a las reinas e infantas, vinculadas a la protección y proyección de su linaje. Urraca fue, en ese sentido, rey y reina.
Su figura, envuelta durante siglos en juicios morales y lecturas interesadas, continúa invitándonos hoy, nueve siglos después, a revisar las narrativas simplificadoras sobre el ejercicio del poder femenino en la Edad Media y a reconocerla, con el rigor que merece, como una soberana que gobernó por derecho propio y que, pese a las dificultades y resistencias que afrontó, ejerció la autoridad regia.
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